Combate a carestía y mejora salarial promueven Congreso de Puebla y delegaciones federales PDF Imprimir E-mail
Mesoregiones
Escrito por Mauricio García León   
Miércoles, 17 de Mayo de 2017 09:12

Para hacer frente al hecho de que Puebla se encuentra dentro de los estados con mayor carestía del país, pero de menor ingreso salarial, se firmó el convenio de colaboración en apoyo de la economía familiar entre el Congreso del Estado, las delegaciones de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor.

 

Ello en el marco de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, donde el presidente del Consejo Editorial de Síntesis, Armando Prida Huerta, y la directora de Cinco Radio, Coral Castillo de Cañedo, fueron testigos del convenio y donde el secretario general de la FTP-CTM, Leobardo Soto Martínez, postuló la necesidad de mercados más equilibrados.

 

El convenio tiene el fin de proteger los derechos del consumidor, a través de la colaboración entre ese cuerpo legislativo y las delegaciones federales, dando seguimiento al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Federal.

 

El convenio va en defensa de la economía, en especial cuando Puebla se encuentra dentro de las ciudades con mayor carestía, con crecimientos en precios del 5.64 por ciento promedio anual, lo que ha minado las mejoras salariales.

Con este convenio se cierran filas por el gobierno federal y estatal, vía las delegaciones y el Legislativo local, para sacar a Puebla de las ciudades más caras, pero con menos ingresos.

En paralelo, el legislativo local a través del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Jorge Aguilar Chedraui,  brindó su espaldarazo a la iniciativa cetemista para la quita del impuesto al tiempo extra que también merma el valor del trabajo de los trabajadores y su ingreso.

En ese marco, el diputado local, Leobardo Soto Martínez, repasó también que la devolución de la subcuenta del Infonavit suma ya 18 mil millones de pesos, reflejo de una de las luchas del sector obrero.

 

Mientras, el delegado de la Secretaría de Economía, Juan Pablo Jiménez Concha, refirió que la idea es que los esfuerzos gubernamentales se lleven a las entidades federativas y se generen mensajes en forma articulada con el Legislativo Local para apoyar la economía de las familias y promover mercados más justos.

 

Repasó que la Inversión Extranjera Directa suma buenos números en Puebla, pero ahora se requiere de trasladar los beneficios a los mexicanos para multiplicar el ingreso per cápita y vigilar los precios para evitar distorsiones en la economía.

 

En tanto, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Alejandro García Mendoza, dijo que uno de los objetivos de la Profeco es defender los derechos para un consumo sustentable y responsable, alertando distorsiones por encarecimiento de productos u otras alertas.

 

Profeco no solamente hace una actividad represiva, sino preventiva, orientando y enseñando a toda la población en sus siete derechos básicos, acercándose a empresas, trabajadores, zonas marginadas y con fuerte migración para apoyar a los consumidores y difundir las obligaciones de los proveedores, añadió.

 

A la firma del convenio acudió el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, así como los integrantes de la Comisión de Trabajo, Pablo Rodríguez Regordosa, Mario Rincón González y José Guzmán Islas.

 

OBJETIVOS Y COMPROMISOS

El Convenio entre el Legislativo Local y las delegaciones de Economía y Profeco plantean establecer una agenda pública conjunta en beneficio de los consumidores, que incluye difundir información relativa a los derechos del consumidor y medios de defensa.

Asimismo, incentivar la denuncia formal ante la Profeco,  generando la confianza de que las quejas y denuncias se resolverán con apego a la ley, maximizando la difusión de información con apoyo de los medios de comunicación

Además se conformarán grupos de trabajo para dar seguimiento, intercambiar información y suscribir anexos de ejecución para defender los derechos de los consumidores, su poder adquisitivo y evitar prácticas especulativas que afecten la economía.