En medio de la presentación, discusión y eventual aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al sistema de pensiones, el Instituto Mexicano para la Competitividad observó que aunque la iniciativa señala que las y los trabajadores y sus beneficiarios tienen el derecho imprescriptible a recibir los recursos de sus subcuentas que hayan sido transferidos al Fondo, podría derivar en tramitología que desincentive a reclamar su dinero.

Expuso que el mecanismo de devolución de dichos recursos –junto con los intereses generados– por parte del IMSS, ISSSTE o Infonavit, según corresponda, no está definido aún, al externar su preocupación porque "podría implicar trámites excesivos, largos tiempos de espera y posibles complicaciones administrativas que podrían desmotivar a dichos trabajadores a ejercer su reclamo".

Si bien se especifica que el ahorro de los trabajadores que sea transferido al Fondo generará intereses a partir de las inversiones que este realice de conformidad con el régimen de inversión que en su momento defina su comité técnico, existe el riesgo de que los trabajadores obtengan rendimientos inferiores a los que podrían recibir si sus recursos siguieran siendo administrados por las Afores y el Infonavit.

No obstante, esto no implica que no puedan obtener intereses más altos.

Por otro lado, la creación de un Fondo como el que se propone podría beneficiar a algunos trabajadores que reciban un apoyo que complemente sus pensiones.

En torno a las implicaciones para las finanzas públicas, el IMCO observó que de acuerdo con la valoración de impacto presupuestario de la iniciativa realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el Fondo podría disponer de alrededor de 35.4 mil millones de pesos a partir de sus fuentes de financiamiento, las cuales no incluyen los ahorros de los trabajadores, ya que la información pública disponible acerca de las cuentas individuales no presenta el nivel de desagregación suficiente.

En ese contexto refirió que si se considera que una proporción de los recursos del Fondo provendría de ingresos no recurrentes (por ejemplo la liquidación de la Financiera Rural y la venta de propiedades del ISSSTE) o que no necesariamente se materialicen en tiempo y cantidad (como las utilidades de paraestatales como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles), existe la posibilidad que los recursos del Fondo no sean suficientes para cumplir con su objetivo.

Frente a este escenario, advirtió que es posible que el Gobierno Federal realice aportaciones adicionales al Fondo, las cuales distraerían recursos de otras áreas, como educación, salud, seguridad o inversión pública.

Por ello, concluyó que la iniciativa de reforma legal en materia de pensiones requiere una evaluación meticulosa y basada en evidencia por parte de los integrantes de ambas cámaras del Congreso, la cual deberá centrarse en sus implicaciones para las finanzas públicas y los recursos que los trabajadores mexicanos han acumulado a lo largo de sus trayectorias laborales en las Afores y en el Infonavit.

Para alcanzar este objetivo, exhortó a los legisladores a sostener un diálogo constructivo y participativo mediante un ejercicio de parlamento abierto en el que se involucre a expertos, sectores relevantes y a la sociedad en general, con el fin de enriquecer el debate y mejorar el funcionamiento del sistema de pensiones en beneficio de todos los mexicanos.