Académicos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) coincidieron en que la degradación de la calificación crediticia soberana de México, las empresas y hogares tendrán un impacto importante en las tasas de interés, un alza de la deuda externa y una mayor tasa de inflación.
Durante el webinar organizado por la UDLAP denominado "", María Teresa Cardoso, catedrática del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas, explicó que en marzo y abril de este año las tres agencias calificadoras más importantes del mundo: Moody’s, Fitch y S&P hicieron un cambio negativo a la calificación crediticia de México, un hecho histórico porque en los últimos 20 años se había mejorado y establecido desde 2013 hasta la fecha.
Señaló que a Moody’s le preocupa que los prospectos de crecimiento para México en el mediano plazo han cambiado, también va a haber una disminución de inversión del sector privado por algunas decisiones políticas.
Agregó que Fitch argumentó que debido a la pandemia prevé para México una recesión severa en 2020, un desempeño económico rezagado y como factor clave de riesgo los pasivos de PEMEX.
Comentó que S&P lo hizo por el crecimiento económico por debajo de otras economías similares, dadas por la baja en precios del petróleo, la poca confianza del sector privado en el gobierno, la contracción en la economía de Estados Unidos y que PEMEX se pudiera convertir en un pasivo contingente para México.
Por su parte, Cesar Vives, director general de Finanzas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), señaló que las agencias calificadoras se han vuelto un referente y han generado confianza entre los inversionistas, de tal forma que se cuenta con una base homogénea respecto de las calificaciones que ellos emiten.
En tanto, Francisco García, catedrático del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas de la UDLAP, destacó que los pronósticos de crecimiento no son alentadores y la consecuencia inmediata es enfrentar mayores tasas de interés, se espera que el crecimiento del PIB sea del -10%, que la deuda del Gobierno Federal de 100 mil millones de dólares sufra una modificación del gasto de intereses de dos mil 930 millones de dólares, que tendrán que salir del bolsillo del contribuyente, hacer una recomposición de su gasto para proyectos o refinanciar la deuda.
