El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, afirmó que en coordinación con la Fiscalía General de la República, se enfocan esfuerzos para integrar 17 asuntos de grandes contribuyentes que adeudan al pueblo de México más de 55 mil millones de pesos.

En dichos asuntos, sostuvo en la conferencia de prensa presidencial, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales,

Con ello, sostuvo se obstaculiza la recuperación de por lo menos 54 mil millones de pesos; es decir, "en el 82 por ciento de estos casos integrantes del Poder Judicial de la Federación han impedido que se abra la puerta al proceso penal y, por lo tanto, impedido que se haga justicia", afirmó.

En ese contexto dijo que se presentarán quejas en torno a la actuación de Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Enunció que se han presentado las denuncias y querellas, tras de lo cual el Ministerio Público integra una carpeta de investigación y solicita al juez de control que cite a los imputados para que tenga verificativo la audiencia oficial.

Esta audiencia inicial debería llevarse a cabo dentro de los siguientes 15 a la solicitud que realiza el Ministerio Público; sin embargo, los jueces de control no agendan las fechas ni la hora para la celebración de la audiencia inicial, al grado que, en ocasiones lo han hecho 18 meses después, declaró.

Finalmente, cuando se agenda la audiencia y una vez que llega la fecha de su realización, se difiere una y otra vez, lo que ha impedido que se sancione a los responsables y se recupere el dinero público, refirió el procurador fiscal.

Detalló que en un segundo caso "cierta empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó al pueblo de México un perjuicio por casi 300 millones de pesos".

Por tales hechos, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han buscado llevar a juicio a los responsables; sin embargo, dicho fin se vio obstaculizado por el actuar del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley, reveló.

Detalló que este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, puesto que sostiene que esta secretaría no está facultada para defender los recursos del pueblo y, por ende, desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal.

De igual manera, ha resuelto ignorando criterios y resoluciones previas de los tribunales de amparo y de otros juzgados, incluso en contra de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta el momento, los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones, pero esto no lo exime de su responsabilidad.

Ante ello, dio a conocer Medina Padilla se presentará una queja administrativa, incluso una denuncia, "porque estas conductas podrían constituir delitos cometidos en contra de la administración de justicia".

Además, en un tercer caso, una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013, y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos.

Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de la sentencia que lo obligue al pago de impuestos, dijo.

Comentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel fundamental en estas estrategias, pues esta empresa solicita de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto que son novedosos y que son relevantes, no obstante que ya existen jurisprudencias y antecedentes, precedentes de que el tema tiene que ser resuelto, como lo han resuelto ya los tribunales colegiados por distribución de competencia conforme a la Constitución.

"Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados, desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos ocho meses el ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa pidió al pleno de la Suprema Corte analizarlos ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada".

Acusó omisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta no solamente contra la Constitución federal, "sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos".

Anunció que, frente a esta actuación, el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro por este actuar, este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos.