El sector privado a través de la Coparmex calificó como preocupante se hayan presentado de forma simultánea al proceso electoral por el Ejecutivo Federal 20 reformas, pues, señaló, su discusión puede verse condicionada.

La Confederación Patronal de la República Mexicana consideró positivas y urgentes reformas contra la extorsión y en materia de salarios mínimos, aunque calificó de preocupantes las que buscan la concentración de poder, además de que las relativas a programas sociales, dijo, requieren de una amplia discusión.

El sindicato patronal respaldó la necesidad de facultar al Congreso para poder emitir una Ley General contra la Extorsión,así como la reforma constitucional que se aprobó en comisiones a finales del año pasado al ser el primer paso necesario y exigimos, en su momento, que se llevara al Pleno de la Cámara de Diputados.

Por ello, respaldó la urgencia de que este tema se apruebe cuanto antes dado que en este delito hay poco más de una víctima por hora y la extorsión tuvo un aumento del 48% durante este sexenio en comparación con el anterior, de acuerdo con el número de carpetas de investigación.

En el mismo caso se encuentra la reforma sobre Salarios Mínimos que propone que su incremento nunca esté por debajo de la inflación,en línea con el Modelo de Desarrollo Inclusivo que promovemos y que es una condición indispensable para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

Añadió que la reforma que promueve la inclusión laboral de jóvenes es un acierto ya que es positivo que reciban apoyo económico pero que se encuentre vinculado a que se capaciten para el trabajo, es de hecho coincidente con el espíritu del Modelo de Formación Dual que impulsa Coparmex inspirado en el modelo alemán.

Respecto a las reformas preocupantes, dijo que se encuentran las relativas al desmantelamiento institucional y la concentración de poder.

La reforma electoral, por ejemplo, plantea la desaparición del INE y la eliminación de los legisladores de representación proporcional que han asegurado la pluralidad en el Congreso. La elección popular de los Ministros, Magistrados y Consejeros electorales sería un enorme riesgo dado que los cargos no los ocuparían los más capaces, sino los más populares.  

La reforma en materia eléctrica es un contrasentido ya que representa insistir en una propuesta recientemente rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antagónica a tratados internacionales y que terminaría afectando a los consumidores, a los productores de energías renovables y al medio ambiente.

La reforma que apuesta por la militarización de la Guardia Nacional al transferirla a la Secretaría de la Defensa Nacional, no se entiende porque debe preservarse la separación entre las corporaciones civiles y las militares.

Asimismo, la eliminación de los Órganos Autónomos es inadmisible ya que estos han permitido consolidar nuestra democracia y la vigencia de derechos como: el de acceso a la información pública (INAI); gozar de los beneficios de la libre competencia (COFECE); de mejores servicios de telefonía (IFT); conocer evaluaciones de la política social y su eficiencia (Coneval); o del regulador del mercado energético (CRE).

La reforma en materia de simplificación administrativa desaparecería instituciones como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que han demostrado su beneficio protegiendo a los mexicanos.

La reforma para promover el Servicio Ferroviario de Pasajeros es una reforma al Artículo 28, para llevar a la Constitución el Decreto publicado el 20 de noviembre de 2023 en el que se considera área prioritaria para el desarrollo nacional el transporte ferroviario de pasajeros, que plantea retomar el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros lo que implicaría afectar concesiones ya otorgadas a particulares para transporte de carga que están vigentes y podría tener implicaciones en materia de certidumbre jurídica o derivar en litigios, además de “asignar” a privados esos proyectos.

Si bien el ánimo de promover los trenes para transporte de pasajeros podría ser positivo la forma en que pretende ejecutarse podría afectar derechos adquiridos o concesiones en curso, y no generaría una libre competencia ya que sería la autoridad quien “asigne” los proyectos.

Por último consideró que reformas que requieren amplio debate,ya que los apoyos y becas son muy necesarios, pero no se establece con claridad de dónde saldrán los recursos para sostenerlos o ampliarlos como ocurriría si se reduce la edad para recibir la pensión de adulto mayor de 68 a 65 años de edad.

Por otro lado, la fijación de precios de garantía distorsionaría el mercado afectando la oferta de maíz, frijol, leche, arroz y trigo.

Si bien es positivo pensar en incrementar las pensiones, es necesario un debate para que las fuentes de recursos públicos para las aportaciones adicionales sean sólidas y estables en el largo plazo, advertimos que en sus términos la reforma derivaría o en tener que reorientar recursos de otros rubros del gasto público como podrían ser salud o educación, o en mayor contratación de deuda que terminaríamos pagando todos los mexicanos, concluyó.