Buscan recuperar figura de zonas económicas especiales

Al seno del Congreso del Estado se postuló una reforma a la Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales del Estado, con la finalidad de fortalecer el marco jurídico de éstas, incorporando objetivos específicos enfocados en potenciar los beneficios económicos y sociales, así como generar mayor inversión, empleos formales, crecimiento de la productividad e innovación tecnológica; se enfatiza la necesidad de un desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos de las comunidades locales.



La propuesta de reforma al artículo 4 de la Ley en mención indica que las Zonas Económicas Especiales deberán fomentar la generación de empleos permanentes, el crecimiento de la productividad e inversiones productivas, así como la constante inversión en la innovación tecnológica, educación tecnológica e infraestructura para el mejoramiento de la productividad de las empresas que se establezcan dentro de la zona.

Las Zonas Económicas Especiales son áreas delimitadas geográficamente que estimulan la inversión y la actividad económica por medio de un paquete de incentivos, beneficios fiscales y financieros, así como facilidades administrativas de infraestructura competitiva, a favor de quienes se establezcan físicamente dentro del área de influencia.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, para su estudio y resolución correspondiente.

La ley que data del 2017 postula beneficios fiscales y financieros, así como facilidades administrativas de infraestructura competitiva, a favor de quienes se establezcan físicamente dentro del Área de Influencia, con pleno cuidado al medio ambiente y respeto a los derechos de las personas que en ésta habitan.

En el sexenio federal pasado, la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), ubicó a Puebla como parte de un proyecto de tres zonas de nicho: Yucatán, para el desarrollo tecnológico y la innovación; Puebla, que contribuirá a la proveeduría de segundo y tercer nivel para sectores estratégicos, como el automotriz; e Hidalgo, que implica un clúster de diseño textil y confección.

Puebla sería participe de una derrama calculada por el Gobierno Federal de seis mil 700 millones de pesos provenientes de 42 empresas interesadas que podrán generar al menos 29 mil empleos para la etapa de arranque; sin embargo, esos proyectos en la mayoría de los casos no se consolidaron.

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