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Poder político, principal agresor de la prensa

Por: Javier Garza Ramos **

Si hay una frase que resumiría el éxito del Estado mexicano en la protección de periodistas en la última década, ésta sería un lamento nostálgico: Estábamos mejor cuando estábamos peor. En 2007, el Índice de Libertad de Prensa de la organización Freedom House1 colocaba a México como un país “parcialmente libre” para el ejercicio del periodismo. Curioso, porque en ese año no existían las distintas instituciones e instrumentos que el Estado mexicano ha creado para garantizar a los periodistas un clima de seguridad, libre de restricciones y represalias, en su trabajo.

En los años siguientes, el gobierno federal creó un Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, estableció una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y determinó que los delitos contra periodistas podrían ser perseguidos y juzgados en el fuero federal. Algunos gobiernos estatales siguieron el modelo y crearon instituciones similares (mecanismos y fiscalías) en la esfera local.

El resultado fue tal que, en su Índice de Libertad de Prensa en 2017, Freedom House colocó a México como un país “no libre” para el ejercicio del periodismo. Es decir, cuando México no tenía instrumentos para proteger periodistas y castigar de manera más efectiva los crímenes en su contra (los objetivos de todos los instrumentos mencionados), existían menos agresiones contra periodistas.

Los datos lo sustentan. En 2012, cuando apenas arrancaba el Mecanismo de Protección y se federalizaron los delitos contra la libertad de expresión, la organización Artículo 19 documentó 207 agresiones contra periodistas, incluyendo 7 asesinatos. En 2017, la misma organización documentó 507 agresiones y 12 asesinatos. Y las cifras de 2018 no serán muy distintas, pues se registraron 9 asesinatos y nada más en el primer semestre del año pasado se habían documentado 388 agresiones, una cifra superior al total de 2012.2

Por supuesto, esta andanada de violencia (no sólo física, también psicológica, digital, legal) contra periodistas y medios de comunicación no ocurrió en un vacío, sino que fue concurrente con el deterioro de la seguridad y del Estado de derecho en el país. Sin embargo, para cualquier periodista en México es fácil concluir de estos datos que el Estado mexicano no tiene interés en proteger periodistas. Pero el concepto del Estado es demasiado amplio y abarca demasiados niveles como para tomarlo en su conjunto.

El Mecanismo de Protección y la Fiscalía Especial han sido objeto de una mejora continua a lo largo de los últimos años, lapso en el cual he colaborado en algunas iniciativas para mejorar sus capacidades. Pero, en mi experiencia como periodista y desarrollando entrenamientos en seguridad para redacciones, ha sido un largo trabajo de prueba y error.

La creación de ambas instituciones, a principios de esta década, sufrió errores fundamentales en su diseño. La elaboración de la ley sobre el Mecanismo, por ejemplo, nunca consultó a periodistas que trabajaban en las regiones del país azotadas por la violencia contra medios de comunicación.

En 2011, cuando se elaboraba esa iniciativa de ley, Coahuila fue el estado con más agresiones contra periodistas en el país, según el informe de ese año de Artículo 19. Trabajaba en ese entonces como director editorial de El Siglo de Torreón, uno de los principales diarios del estado. Pero a ninguno de mis colegas llegó jamás consulta alguna sobre las dinámicas de violencia contra los medios, quiénes eran los agresores, cuáles los tipos de agresión. Recuerdo haber preguntado a periodistas de otros estados igualmente afectados por ataques (Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, entre otros) y la respuesta fue igualmente negativa.

La Fiscalía Especial y la federalización de los delitos contra la libertad de expresión, fueron casos similares, al no establecer mecanismos efectivos para que ataques contra un periodista fueran sacados de la esfera local, donde las investigaciones podían entorpecerse debido a que muchas agresiones provenían de los propios gobiernos estatales o municipales o de la colusión entre sus funcionarios y criminales.

Hace cinco años, por ejemplo, el 5 de febrero de 2014, el periodista veracruzano Gregorio Jiménez fue secuestrado. La Procuraduría General de la República, a través de la FEADLE, tardó casi tres meses en atribuir el secuestro a un motivo periodístico, permitiéndole atraer el caso. De nada sirvió para salvarle la vida a Gregorio Jiménez: su cuerpo fue encontrado seis días después de su secuestro.

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En los últimos años, diversas iniciativas han buscado mejorar el funcionamiento del Mecanismo y la Fiscalía Especial. El Mecanismo ha incorporado en su órgano de gobierno a periodistas y personas defensoras de distintas partes del país, dándole la perspectiva local de la que carecía en su diseño. Además, ha mejorado sus tiempos de respuesta y la aplicación de medidas cautelares, si bien en muchos casos sigue dependiendo de policías estatales que en algunas entidades se cuentan entre los principales agresores de periodistas.

Por su parte, la Fiscalía ha mejorado sus protocolos y, sobre todo, éstos se han buscado extender a las procuradurías locales, cuyos investigadores son los primeros en responder a la agresión contra un periodista. Pero la escasez de presupuesto, personal y recursos indica que la FEADLE ha sido una de las entidades menos prioritarias para los distintos procuradores generales de la República que la han tenido bajo su cargo.

También hay que tomar en cuenta que, si bien las agresiones más violentas han provenido del crimen organizado, éstas son solamente una fracción del universo de ataques que se dan en un año determinado. El principal agresor de la prensa mexicana es el poder político.

El informe Democracia simulada de Artículo 19 señala que 266 de las 507 agresiones documentadas en 2017 provinieron de funcionarios públicos. El año anterior fueron 226 de 426. No son los ataques más violentos, pero sí los más recurrentes, y no sólo contribuyen a enfriar la labor periodística, sino que arrojan serias dudas del compromiso de las instituciones gubernamentales con la libertad de expresión, cuando son funcionarios o actores políticos los que más la violan.

Y la tendencia parece empeorar con una creciente colusión del ámbito político con el criminal. El mismo reporte indica: “En 2013 se partía del análisis de que, por un lado, el crimen organizado asesinaba y, por el otro, las autoridades agredían. (En 2018) las líneas son cada vez menos claras; la narcopolítica torna imposible, en la mayoría de los casos, trazar una frontera entre el crimen organizado y funcionarios públicos”.

Otro efecto negativo ha sido la baja prioridad presupuestal que también ha afectado al Mecanismo de Protección, de manera notable a finales de 2018, cuando se agotó su presupuesto de operación antes de terminar el año y las personas beneficiadas perdieron sus medidas de seguridad ante la ausencia de dinero para costearlas. Sólo una intervención de emergencia pudo restablecer parte del presupuesto.

Es muy temprano para saber cuál será la actitud del nuevo gobierno federal en protección de periodistas y garantías a la libertad de prensa. Las recientes expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, descalificando la cobertura crítica sobre su administración, auguran fricciones entre la prensa y el poder que fácilmente pueden desbordarse a posturas más extremas entre los simpatizantes del gobierno.

Por otra parte, el gobierno no ha dado señales sobre cuál será su actuación frente a lo que se ha convertido en el eslabón más débil en las garantías a la libertad de prensa: los gobiernos estatales. Ante las agresiones contra periodistas, los funcionarios encargados de investigarlas a nivel local (las procuradurías o fiscalías estatales) tienden a ignorar los casos y a negar la relación de un ataque con el trabajo periodístico de la víctima, para no admitir que hay un problema de libertad de prensa. Esto provoca impunidad que, a su vez, alimenta futuras agresiones.

En efecto, la impunidad se ha convertido en el combustible más potente para las agresiones contra periodistas en México. La facilidad para amenazar, golpear, secuestrar o asesinar a un reportero, editor o directivo de un medio es proporcional a la certeza que tiene un agresor de que se saldrá con la suya. Sabe que puede atacar a un periodista porque quien lo hizo anteriormente nunca fue sancionado. El 99% de los agresores de periodistas en México nunca recibe ningún castigo.

En el fondo, el problema de las pocas garantías al ejercicio periodístico no es un asunto de instituciones creadas expresamente para protegerlo, sino un problema más amplio de una cultura de libertad de expresión y de un Estado de derecho. Sólo fortaleciendo ambos se puede proteger el trabajo periodístico.

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