En México, más de 33 millones de personas fueron afectadas por elcibercrimen en 2017, es decir, uno de cada cuatro mexicanos fue víctima de algún tipo de delito cibernético, según el estudio de McKinsey&Company ‘Perspectiva de Ciberseguridad en México’.

El robo de identidad por algún ciberdelito es uno de los diez principales delitos en México y uno de los mayores temores de los mexicanos en cuestión de datos, de acuerdo con el Banco Mundial, sin embargo, según el  Instituto Federal de Telecomunicaciones ocho de cada diez usuarios de internet fijo dicen sentirse ‘muy seguro’ a la hora de navegar, sin importar el dispositivo por el que se conecta.

Mientras que siete de cada diez usuarios, pero de internet móvil, tienen el mismo sentimiento de seguridad a la hora de conectarse a través de sus dispositivos móviles como celulares o tablets.

Los tres principales ciberriesgos que impactan en el sector público van desde el posible robo o alteración de información que se resguarda sobre los ciudadanos, hasta la alteración de servicios públicos y operaciones de entidades gubernamentales, lo que generaría un potencial daño a la confianza de las instituciones.

Para enfrentarlos, el sector público requiere de asegurar una gobernanza efectiva y una estrategia que pueda funcionar como referencia para crear un marco normativo, incluyendo regulación y normativas tanto para entidades públicas como privadas.

Se estima que para el siguiente año habrá pérdidas por ciberataques de hasta 2 mil millones de dólares en todo el mundo.