El llamado “terrorismo fiscal” podría aumentar en México en caso de que se amplíen los poderes de los fiscales con la autorización para monitorear llamadas telefónicas y correos electrónicos.

De acuerdo con un borrador de la legislación visto por Bloomberg News, se busca eliminar la prohibición constitucional contra la vigilancia de comunicaciones privadas en investigaciones fiscales, así como en casos relacionados con delitos electorales.

Ese cambio constitucional requeriría una mayoría de dos tercios en el Congreso y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.

Con la reforma, los jueces podrían considerar la evidencia obtenida de forma ilegal y a las autoridades detener a personas por hasta 40 días antes de presentar cargos. Ese poder se limita actualmente solo a casos de crimen organizado.

El gobierno ha dicho que planea modificar el sistema de justicia penal del país después de que la tasa de asesinatos en México alcanzara un récord el año pasado y dado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a México para que aplique mano dura a los carteles de la droga.