De acuerdo con el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) que mide la discriminación de género en normas sociales, prácticas cotidianas y leyes formales e informales en 160 países, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua, sobresalen entre los países con situaciones discriminatorias en cuanto el Código de familia, que analiza la edad mínima legal para contraer matrimonio, el matrimonio precoz, la autoridad parental y la herencia, así como restricción al acceso a bienes y recursos.

Un reciente informe de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y ONU Mujeres, titulado "Análisis de legislación discriminatoria en América Latina y el Caribe", subraya la persistencia de importantes desafíos en los marcos legislativos de los países de la región que generan discriminaciones directas o indirectas, afectando a la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.

Asimismo, analiza dichas normas relacionadas con los derechos vinculados al trabajo no remunerado, el acceso a bienes y recursos, y el trabajo remunerado, identificando las áreas en las que se precisa progresar.

En las sociedades actuales, atravesadas por importantes transformaciones de diversa índole, empoderar económicamente a las mujeres es clave para garantizar su bienestar y el de la sociedad en su conjunto.

El primer paso para empoderar a las mujeres es reconocer y garantizar sus derechos, que han sido históricamente negados o dependientes de su estatus civil. Las leyes, por tanto, juegan un papel fundamental y son un primer escalón imprescindible en este esfuerzo, en la medida en que establecen las condiciones para la participación de las mujeres en el empleo y el trabajo en términos de igualdad con los hombres.

En este sentido, el informe señala la necesidad de acometer la derogación, modificación y promulgación de normas no discriminatorias, así como avanzar legislativamente en el terreno de la acción positiva; incidir en la sensibilización y capacitación en género y promover un mayor empoderamiento de las mujeres.

Destaca que en trece países de la región las mujeres tienen prohibiciones para desarrollar algunos trabajos que sí pueden realizar los hombres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer: la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, hizo un llamamiento para intensificar los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

Destacó que el organismo tiene como una de sus prioridades promover la eliminación de leyes que discriminan a las mujeres e impiden su autonomía y plena participación en la economía.

El reporte insta a derogar esas normas y a promulgar otras nuevas que reconozcan legalmente el trabajo doméstico no remunerado, la igualdad de salarios y los derechos patrimoniales de la mujer. Y añade que es urgente que se creen sistemas legales que fomenten el acceso en igualdad de hombres y mujeres al crédito, el empleo formal y la protección social.

La Segib llevará estos temas a la 63ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), que tendrá lugar el 12 de marzo en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

“Todos los estudios muestran que, si eliminamos las barreras para el empoderamiento económico de las mujeres, vamos a tener un crecimiento más dinámico e inclusivo, más equidad y menos pobreza”, aseguró Rebeca Grynspan.

La  secretaria general iberoamericana se sumó a las voces de otras 25 mujeres líderes globales que, en una carta abierta publicada en medios de comunicación de todo el mundo, defienden la presencia de las mujeres en los organismos internacionales como catalizadoras del cambio e instan a usar el multilateralismo como herramienta para alcanzar la total paridad de género.