La Unión Europea considera Uber empresa de transporte y la equipara al taxi. Taxistas valorarán pedir indemnizaciones por los daños ocasionados por la actividad "ilegal" en la que incurrió.
La resolución emitida por la corte europea sobre el sistema empleado por Uber Pop genera un amplio abanico de dudas y podría tener efectos sobre el resto de compañías que basan su modelo de negocio en la economía colaborativa.
No obstante el modelo de negocio empleado actualmente por Uber en España y la UE se basa en profesionales con licencias de vehículos turismo con conductor (VTC).
Uber ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por conductores. Uber, mediante la aplicación epónima Pop, establece al menos el precio máximo de la carrera, que recibe este precio del cliente para después abonar una parte al conductor no profesional del vehículo y que ejerce cierto control sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la idoneidad y el comportamiento de los conductores, lo que, en su caso, puede entrañar la exclusión de éstos".
Aunque el fallo se centra en Uber Pop, no sería extraño que la resolución tenga un efecto en otros sectores.
Según Joaquín Muñoz, abogado experto en tecnología de Ontier, el fallo "no debería suponer un freno para aquellas compañías que realmente llevan a cabo actividades de economía colaborativa, es decir, las que realizan una labor de mera intermediación y son los particulares los que materializan el intercambio de productos”.
“En cambio, para los que se amparan en la economía colaborativa pero que, en realidad, prestan un servicio directo al consumidor final deberán revisar su modelo para adaptarse a la normativa de su sector"
Por su parte, Alonso Hurtado, socio del departamento de nuevas tecnologías de Ecija, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado cómo deben actuar los países miembros ante este tipo de plataformas. Sin embargo, también destaca que muchos países, como sucede en Latinoamérica, prestan mucha atención a las decisiones de la corte europea y legislan en la dirección fijada por ésta, como ya ha ocurrido con asuntos como el derecho al olvido.
