La reducción de la carga fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex) implica una menor recaudación para la administración federal, situación que se puede traducir en un riesgo para las finanzas del país.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre las reducciones de carga fiscal está el pago que la petrolera hace al gobierno federal por concepto de Derecho de Utilidad Compartida (DUC), el cual representa 80.1 por ciento de los ingresos petroleros federales.

Alejandro Limón Portillo, el coordinador de Energía y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señaló que la ayuda fiscal adicional del gobierno a Pemex de 2019 a 2024 implica 11 mil millones de pesos anuales aplicados a Derecho por Utilidad Compartida.

El esquema de Contratos de Utilidad Compartida permite la entrada de las inversiones de la iniciativa privada en el sector energético, pero sin que el Estado pierda la rectoría sobre los hidrocarburos.