René Sánchez Juárez
Era previsible que la oposición iba a votar en contra de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ya se contaba con el llamado plan B, una serie de reformas a leyes secundarias en materia electoral que no necesitaban la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, sólo mayoría simple, es decir, el 50% más 1, mayoría que tiene asegurada Morena y sus aliados.
Por lo que inmediatamente después del rechazo a la Reforma Electoral, y el festejo de la oposición sobre que “el INE no se toca”, los partidos simpatizantes al presidente subieron los dictámenes a las leyes secundarias y sin presencia de la coalición “Va por México” se aprobó fast track.
Las modificaciones incluidas en el Plan B están encaminadas en adelgazar al INE, en cuanto a salarios y ajustarse a lo establecido en el artículo 127 constitucional que dice que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la república lo que también aplicaría para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Establece la fusión de diferentes órganos administrativos del INE, suprimir oficinas en los estados y en caso de que haya despidos indemnizar conforme a ley utilizando los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria.
Hablando de los fideicomisos se plantea la extinción del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE y del Fondo para Atender el Pasivo Laboral del INE.
El dictamen llegó al Senado para su análisis y ratificación; sin embargo, aquí los senadores se detuvieron a revisar la minuta, y encontraron una serie de posibles acciones inconstitucionales por parte de los diputados.
Entre los cuales, se plantea echar atrás el planteamiento que permite la transferencia de votos entre los partidos coaligados para lo cual, de acuerdo con la enmienda, “en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio o coalición” incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo había determinado.
También se elimina la disposición de que los partidos puedan utilizar “los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente” con lo que no podrán hacer “su guardadito”.
Se anula la “cláusula de vida eterna” con lo que se pretendía impedir la desaparición de partidos “satélites” o que su registro peligra en cada elección por no alcanzar el 3%, siempre y cuando registren ese porcentaje en la mitad más una de las entidades federativas.
Con lo anterior el Senado le corrige la plana a los diputados que se apuraron a aprobar una minuta sin conocer el alcance de ésta, ahora se modificarán los errores y será enviada nuevamente a la Cámara de Diputados donde deberán revisarla con lupa y no caer en vacíos legales o inconstitucionalidades.
