René Sánchez Juárez
La semana pasada nos enteramos de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional con lo que se propone a gobernar con base a decretos sin un poder legislativo, por los próximos seis meses.
El presidente de derecha Lasso se enfrentaba a un juicio político por parte de los diputados de la oposición, en el cual podría haber sido destituido por supuestamente haber tolerado un caso de corrupción con lo que había provocado una “grave crisis política”.
Después de no juntar los votos suficientes para evitar el juicio político, prefirió disolver la Asamblea Nacional y con ello una “muerte cruzada”, ya que la Constitución en su artículo 148 establece que el presidente podrá utilizar esta facultad sólo por una ocasión durante los primeros 3 años de gobierno y convocar a nuevas elecciones de la Asamblea y del presidente antes de seis meses.
A sólo dos años de haber llegado a la presidencia de Ecuador, Lasso terminará con una polémica su mandato, de preferir evitar el juicio político con el costo de no concluir su presidencia que terminaría en 2025.
En la justificación ante los ecuatorianos Lasso acusó a la oposición de tener “como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”. Y que ya había solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata de los comicios, que deberían celebrarse a finales de año.
La oposición lo acusa por un presunto delito de malversación al no haber tomado acciones ante un contrato entre la empresa pública de trasporte de petróleo, Flopec y Amazonas Tanker, que representó un perjuicio al Estado de al menos seis millones de dólares.
A pesar de la compleja situación política que se vive en Ecuador, no se han visto manifestaciones en contra o a favor de cualquiera de las partes, mientras que las Fuerzas Armadas han acatado las órdenes de mantener el orden en la Asamblea Nacional.
Por lo que Lasso ha seguido en el poder y gobernado con base en decretos, por lo menos hasta que el Consejo Nacional Electoral convoque a nuevas elecciones.
El escenario es muy parecido a lo que sucedió en Perú con el presidente Pedro Castillo, quien pretendió llevar a cabo las mismas medidas; sólo que él fue detenido y la presidenta del Congreso asumió la presidencia. La diferencia entre un presidente de izquierda e indígena versus un presidente banquero de derecha, mientras uno es detenido por un auto golpe de Estado, el otro es defendido e incluso apoyado por los Estados Unidos.
Veremos en diciembre con las nuevas elecciones, si Ecuador regresa a la izquierda con Rafael Correa quien todavía tiene un liderazgo importante o continuará con la derecha.
