En medio de uno de los episodios donde más se ha cuestionado a la industria cripto, no solo por el criptoinvierno, sino por la caída de grandes plataformas de intercambio de criptomonedas, Bitso anunció 8 principios rectores, basados en la protección innegociable de la seguridad a través de la ética y la transparencia.

Más allá de la existencia de un marco regulatorio o del proceso en el que este se encuentre, Bitso enlistó su compromiso por operar de manera transparente, segura y en beneficio de su comunidad para hacer de la adopción de las criptomonedas una solución a las brechas que tienen los sistemas financieros tradicionales, como sus elevados costos para mover dinero de un país a otro, su rápida devaluación, o deficiencias transaccionales. 

“Nuestra experiencia como una de las pocas plataformas reguladas de extremo a extremo en la región nos ha ayudado a identificar las mejores prácticas que embonan con la realidad financiera de América Latina. Esta guía refleja la esencia de Bitso de revolucionar los servicios financieros con la tecnología cripto, pero siempre reconociendo que para lograr su proliferación y adopción, se debe de garantizar la seguridad, responsabilidad y la mitigación  de riesgos”, señaló el director global de Asuntos Regulatorios y Corporativos en Bitso, Felipe Vallejo.

“Estos principios gobiernan y son la base de nuestra operación. Es nuestro deber compartirlos para que más empresas sigan este camino de autoregulación y adopten medidas que ayuden a construir el futuro de las finanzas de forma segura y transparente para toda la comunidad”, agregó. 

Bitso ha jugado un papel clave en los procesos regulatorios de países como Brasil, Colombia y México en materia de criptoactivos, además de ser la única plataforma cripto en América Latina con una licencia de Tecnología de Libro Contable Distribuido (DLT, por sus siglas en inglés) otorgada por la GFSC. 

PRINCIPIOS REGULATORIOS PARA CRIPTO DE BITSO

1. Defender los intereses de los clientes ante todo: La protección y derechos del consumidor como eje rector del negocio, colocando los intereses de los clientes en primer lugar. 
2. Custodia segura de fondos: Respaldo y promoción de políticas públicas que aseguren las mejores prácticas custodiales, como la segregación de fondos, las wallets multifirma y las auditorías constantes, así como el irrefutable compromiso de nunca usar los fondos de los clientes sin su permiso explícito.
3. Un sistema financiero verdaderamente inclusivo: Incentivar regulaciones, políticas y prácticas que prioricen los intereses de aquellos que han sido descuidados por el sistema financiero tradicional. 
4. Neutralidad tecnológica: Apelar al derecho que tienen los usuarios de usar cualquier tecnología para atender sus necesidades, sin categorizar dicha tecnología como buena o mala.
5. Políticas anti-lavado de dinero (ALD) que prevengan delitos: Por naturaleza, la transparencia y trazabilidad del blockchain permiten mitigar y prevenir los riesgos respecto a actividades ilícitas. La aplicación lógica de políticas ALD y conocimiento de clientes (KYC) que identifiquen áreas de riesgo y que no sean restrictivas ni reduzcan la oferta de servicios a grupos marginalizados, permiten una correcta evaluación de las actividades, mientras nos aseguramos un sistema financiero inclusivo para todos.  
6. La educación como conductora de toma informada de riesgos: La educación financiera y políticas públicas que den paso a una comunicación clara, justa e igualitaria, así como la divulgación apropiada de riesgos para una mejor toma de decisiones financieras. 
7. Acceso sin fronteras a servicios financieros: Incentivar regulaciones que protejan y promuevan un sistema financiero sin fronteras a través de cripto. Transferir dinero entre dos países conlleva un costo promedio de más del 6% del valor total de la transacción. Por el contrario, con la tecnología cripto estos costos podrían reducirse hasta un 80%.
8. Acuerdos de gobernanza corporativa que fomenten prácticas éticas en las empresas: Se aboga por la implementación de controles y procesos internos que defiendan la integridad de las operaciones y responsabilicen al directorio de las empresas a perseguir los mejores intereses de los clientes.