Al menos tres millones de trabajadores se encuentran en incertidumbre ante la transición hacia la implementación de la reforma de la Ley de outsourcing.

Este proceso ha creado falta de coordinación de autoridades e indefinición de criterios sobre cuáles servicios deben registrarse como especializados, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

De esta manera, la cúpula patronal del país pidió que se homologue la entrada en operación al primero de enero de 2022 para junto con el sector público poder cumplir en forma con los cambios.

El organismo llamó al Poder Legislativo y al Ejecutivo para que los artículos transitorios de la reforma sean ajustados, evitando así que 3.1 millones de trabajadores queden en el limbo y en estado de indefensión.

Advirtió que ésta podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El 23 de julio es la fecha límite para que las empresas transfieran a su nómina, bajo la figura de sustitución patronal, a aquellos trabajadores que se encuentren bajo el esquema de outsourcing o insourcing.