La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que dirige José Medina Mora se pronunció porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los legisladores homologuen el plazo de entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación hasta el primero de enero del 2022, para que las empresas concluyan con el trámite de prestadoras de servicios.

El organismo indicó que hasta el momento solo 38 mil empresas -de 90 mil que iniciaron el trámite han completado el procedimiento de ingreso al Registro de Prestadoras de Servicios Especializadas y Obras Especializadas (REPSE).

Agregó que al día de hoy, solo el 44 por ciento de las empresas que han iniciado los trámites para su registro han obtenido la autorización del REPSE, lo que quiere decir que
al 56 por ciento de quienes lo solicitaron se les ha negado o están pendientes de que se les otorgue.

Esta situación implica un riesgo para empresas y sus colaboradores, pues quienes no logren obtener el registro antes del 01 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus
clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal.

La Coparmex destacó que hay voluntad de las empresas de cumplir con la ley, no obstante, se tienen estimaciones de que podrían ser más de 250 mil empresas las que requieran tramitar su registro ante el REPSE, por lo que a partir de septiembre dejarán de prestar servicios a sus clientes y de seguirlos prestando podrían tanto clientes como
prestadores ser sujetos de sanciones.

Por lo anterior, el sindicato patronal pidió a la STPS que comparta la problemática actual con el Congreso para que se conceda una ampliación razonable del plazo para la
entrada en vigor la Reforma en Materia de Subcontratación y se homologue al 01 de enero de 2022 para el sector privado, tal y como fue establecido para el sector público.

Además destacó la importancia que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), expidan los criterios de interpretación de la reforma sobre la aplicación del registro, para que las empresas tengan claridad y certeza jurídica de cuando se requiere el registro de personas que prestan servicios o ejecutan obras especializados y cuando no es necesario dicho registro.