A pesar de la expansión sin precedentes de la protección social durante la crisis generada por la COVID-19, más de 4 mil millones de personas en el mundo siguen estando completamente desprotegidas, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El informe constata que la respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, con lo que se amplió la brecha entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, y no logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen, con lo que 53 por ciento de la población mundial carece de protección social, incluida las infancias.
La protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.
En México, las madres trabajadoras fueron de las más afectadas.
A nivel mundial, la gran mayoría de los niños aún no tiene una cobertura efectiva de protección social; sólo uno de cada cuatro niños (26.4 por ciento) se beneficia de una prestación de protección social. Sólo 45 por ciento de las mujeres con recién nacidos recibe una prestación de maternidad en efectivo. Sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo (33.5 por ciento) recibe una prestación por invalidez.
La cobertura de las prestaciones de desempleo es aún más baja, sólo 18.6 por ciento de los trabajadores desempleados de todo el mundo están efectivamente cubiertos. Si bien 77.5 por ciento de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.
El gasto público en protección social también varía de manera significativa. En promedio, los países destinan 12.8 por ciento de su producto interior bruto (PIB) a la protección social (excluyendo la salud); sin embargo los países de altos ingresos invierten 16.4 por ciento de su PIB en protección social y los de bajos ingresos sólo 1.1 por ciento.
El informe señala que el déficit de financiación (el gasto adicional necesario para garantizar al menos una protección social mínima para todos) ha aumentado de alrededor de 30 por ciento desde el comienzo de la crisis generada por la COVID-19.
A fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica:
los países de bajos ingresos deberían invertir 77 mil 900 millones de dólares adicionales al año, 15.9% de su PIB.
los países de ingresos medios-bajos 362 mil 900 millones de dólares adicionales al año, 5.1% del PIB.
los países de ingresos medios-altos 750 mil 800 millones de dólares adicionales al año. 3.1 por ciento de su PIB.
De acuerdo con el reporte, en México la población cubierta por al menos una prestación de protección social —sin contar la salud— llegó a 62 por ciento. Pero sólo el 25% de la fuerza laboral activa está aportando para lograr una pensión de retiro.
En 2020, México asignó 7.5% del PIB a la seguridad social, según el informe. Los sistemas de protección social son clave para aliviar la pobreza, subraya la OIT. Así funcionó en países que actualmente tienen altos ingresos, como los nórdicos, asegura en el reporte.
La covid-19 ha puesto en peligro el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), advierte. También “ha hecho imposible que los responsables políticos ignoren los persistentes déficits de protección social” de trabajadores y trabajadoras informales, migrantes y cuidadoras no remuneradas.
