Al menos tres debilidades se han detectado en el proceso que impiden avanzar en la eliminación de los más de 500 mil contratos de protección patronal que se estima existen en el país.

Lo anterior según un análisis sobre la implementación de la reforma laboral, y concretamente del proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que dio a conocer la Red de Solidaridad de la Maquila (RSM), organización de derechos laborales y de las mujeres basada en Toronto, Canadá.

Según el estudio, la primera debilidad que identifican es que se confía el control casi total a la organización sindical titular para la realización y presentación de informes sobre las consultas de legitimación; la segunda es la falta de monitoreo por parte de las instituciones estatales de las acciones de los empresarios y sindicatos antes de las consultas de legitimación; y la tercera es la falta de acceso público a la información sobre los resultados de las votaciones y las conclusiones de las investigaciones sobre las denuncias de irregularidades presentadas por las trabajadoras.

El documento que presentó la RSM revisó 1,300 votaciones de legitimación de contratos colectivos de trabajo que se celebraron durante los primeros dos años del proceso hasta el 30 de abril de 2021.

Además, se detectó que hay un número reducido de inspectores gubernamentales, lo que implica que “a menudo no están disponibles para supervisar el proceso de legitimación. Esto introduce un posible conflicto de intereses, ya que el sindicato titular es quien elige y contrata al notario”, y en muchas ocasiones pasan por alto las quejas de los trabajadores sobre el desarrollo en el que ocurrió el proceso de votación.

El informe de julio de 2021 de la Junta de Expertos Laborales Independientes en México de Estados Unidos (IMLEB por sus siglas en inglés) también plantó preocupaciones similares sobre un potencial conflicto de intereses y posible corrupción e informó que “el protocolo (de legitimación) permite que un sindicato corrupto contrate y pague a un notario, legitimando de esta manera un contrato colectivo de trabajo y continuando el cobro de cuotas”.

De igual forma, confirma el lento avance en el proceso de legitimación, a pesar de los esfuerzos de las autoridades laborales, confirma que la gran mayoría de los contratos colectivos son, de hecho, contratos firmados entre patrones y abogados o dirigentes de federaciones sindicales sin ninguna relación con los trabajadores y trabajadoras del centro de trabajo que dicen representar.

“En la mayoría de los casos, no existe un sindicato activo en el centro de trabajo que inicie y coordine el proceso de votación, por lo que estos CCT difícilmente se someterán a una votación de legitimación”.

De hecho, la STPS estima que, debido al gran número de contratos “simulados”, sólo entre un 10 y un 15% (es decir, entre 53,000 y 79,500) de los CCT actualmente registrados se someterán al proceso de legitimación.

Además, explica: "con poco menos de 2,500 contratos votados a partir del 1 de diciembre, será difícil, si no es que imposible, alcanzar incluso este modesto objetivo. En su informe de julio de 2021, IMLEB estimó que se necesitan 125 consultas de legitimación de CCT por día, todos los días, hasta el 1 de mayo de 2023 para alcanzar esta meta”.

A lo anterior, se suma el hecho de que organizaciones sindicales han externado que someter el contrato colectivo a votación puede terminar con la paz laboral y ahuyentar las inversiones.

Con información de El Economista