El Fondo Monetario Internacional advirtió que en el caso de México, el aumento del gasto social y de su eficiencia sigue siendo fundamental para reducir las diferencias socioeconómicas y garantizar una recuperación inclusiva, en especial si se suma a reformas que mejoren el empleo y reduzcan la informalidad.
Eliminar las deficiencias en la cobertura y limitar la fragmentación de los programas de asistencia social sigue siendo una prioridad, plantea el análisis elaborado por Swarnali Ahmed Hannan, del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
La existencia de un registro único de beneficiarios y el fortalecimiento de la capacidad administrativa podrían reducir los solapamientos y mejorar la focalización del gasto, añadió.
Expuso que México ha sufrido durante largo tiempo altos niveles de pobreza y exclusión social, que se han exacerbado por la pandemia de COVID-19; no obstante que, el aumento del gasto en programas sociales ha contribuido a disminuir el impacto negativo sobre el empleo, las ventas al por menor y la pobreza.
Según un reciente estudio preparado por el personal técnico del FMI, el aumento del gasto y de su eficiencia en programas sociales, educativos y sanitarios reduciría las diferencias socioeconómicas, mitigaría las secuelas económicas de la pandemia y promovería una recuperación inclusiva.
Dadas las grandes diferencias entre estados en materia de educación y salud, debe darse prioridad al aumento del acceso a los programas en los estados más pobres y entre la población más desfavorecida. En educación, la inversión en equipos, instalaciones, tecnología de la información e infraestructuras modernas contribuiría a responder a los cambios en la demanda de mano de obra.
Para aliviar los problemas fiscales, el aumento del gasto público podría financiarse con mayores recaudaciones de impuestos a mediano plazo para velar por que la deuda pública disminuya con el tiempo.
Estimó que a mediano plazo, las reformas tributarias podrían financiar un gasto de aproximadamente el 2% del PIB en programas sociales, educación y salud, y del 1% del PIB en infraestructuras y otras inversiones públicas.
