El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó 10 propuestas de política pública en especial en uso de recursos públicos y reiteró que es necesaria una reforma fiscal que garantice una mayor provisión de bienes y servicios públicos de calidad para la población mexicana, que además de incrementar los ingresos públicos, sume cambios estructurales en la manera en la que se ejercen.

Se trata de una revisión que va desde vincular la asignación de recursos a programas sociales con sus resultados hasta evitar la construcción de obras de infraestructura cuyos costos sean mayores que sus beneficios para la sociedad.

Como consecuencia de un incremento desproporcionado del gasto, en comparación con el crecimiento de los ingresos, se prevé que, en 2024, el déficit del sector público alcance su mayor nivel en términos absolutos (1.70 billones de pesos) y como porcentaje del Producto Interno Bruto –PIB– (5.0%) desde 1990.

Como consecuencia de este déficit (y los observados en años anteriores), el saldo de la deuda del sector público ascenderá a 17.05 billones de pesos y su costo financiero será de alrededor de 1.23 billones de pesos (monto equivalente al 14.2% del gasto total estimado).

Insistió en la necesidad de mejorar el uso de los recursos públicos para que cada peso de que disponga el sector público federal (un promedio de 69 mil 124 pesos por habitante en 2024) se administre con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución.

Para ello, el IMCO propone complementar los apoyos que el Gobierno Federal otorga a Petróleos Mexicanos (Pemex) con requerimientos de mejora operativa y financiera, pues, se han limitado solo a transferencias sin cambios de fondo en la gestión de la empresa.

Asimismo, rediseñar el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) para ahorrar una mayor proporción de los ingresos petroleros y ajustar de 4.7 a 1.5 por ciento del PIB la bolsa de recursos destinada a ahorrar la renta petrolera; así como incrementar la proporción de los ingresos petroleros que se destina a los fondos de estabilización.

Además, destinar más recursos a investigación y desarrollo, así como invertir más en infraestructura pública productiva de calidad, que garanticen un suministro confiable y a precios competitivos de electricidad limpia, disponibilidad de agua e infraestructura logística de calidad como puertos, aeropuertos y carreteras.

El IMCO propuso crear una Oficina de Infraestructura que autorice los proyectos de obra pública del Gobierno Federal para garantizar que la infraestructura pública que se construya en el país genere más beneficios que costos para la sociedad, aunado a vincular la asignación de recursos públicos con los resultados de los programas presupuestarios, con el fin de evitar incrementos injustificables de presupuesto a programas cuyas evaluaciones de diseño, consistencia, resultados e impacto, por mencionar algunas, no demuestren técnicamente un impacto positivo en la población beneficiaria que justifique su costo.

Por otra parte, postuló evitar duplicidades en el gasto con el sector privado y que el gobierno se concentre exclusivamente en aquellas áreas en las que el sector privado, por su naturaleza, no tiene incentivos para participar como la provisión de bienes públicos) o que por temas de seguridad o equidad deban permanecer bajo el control público.

Insistió en evitar duplicidades en el gasto con la iniciativa privada que distraigan recursos públicos de áreas prioritarias para la población, como seguridad, educación, salud, inversión pública, entre otras, como sucede ahora con el uso de recursos públicos en Mexicana de Aviación (Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V.) y los complejos hoteleros que administrará el Gobierno mexicano a lo largo de la ruta del Tren Maya.

También el IMCO planteó asignar recursos a fondos de reserva y mecanismos de gestión de riesgos para hacer frente a los desastres naturales, con un enfoque que vaya más allá del ya desaparecido Fondo de Desastres Naturales (Fonden), complementando un fondo similar con mecanismos de anticipación y una planificación financiera adecuada para prevenir pérdidas humanas y reducir la probabilidad de un impacto económico que pueda comprometer el desarrollo del país.

Por ultimó recalcó que se debe de focalizar el programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM). De acuerdo con las reglas de operación de este programa aplicables en 2024, todas las personas de 65 años o más son elegibles para recibir una pensión no contributiva de tres mil pesos mensuales, independientemente de su nivel de ingresos, por lo que se recomienda acotar los beneficios de este programa únicamente a aquellas personas adultas mayores que acrediten la necesidad de este apoyo, con lo cual reduciría su costo para la hacienda pública que, en 2024, ascenderá a 465 mil millones de pesos o 5.1% del presupuesto total estimado (9.07 billones de pesos).