Para 2023, el presupuesto aprobado de los Poderes Legislativos estatales suma 21 mil 196.5 millones de pesos, de los cuales el 74 por ciento es para los Congresos y 26 por ciento para los órganos de fiscalización, excepto San Luis Potosí, Coahuila y Puebla, donde el presupuesto se distribuye equitativamente entre la legislación y las auditorias, conforme el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En su análisis “informe legislativo 2023, ¿contrapeso o desequilibrio de poder?”, el IMCO evidencia que, en contraste, en Durango y Morelos el órgano de fiscalización solo recibe siete y nueve centavos de cada peso gastado por el Poder Legislativo, respectivamente.

Según el IMCO, el presupuesto promedio de los Congresos estatales por diputado es de 13.4 millones de pesos; sin embargo, entidades como Baja California tienen 31.3 millones de pesos, Puebla se encuentra en los niveles más bajos con 6.5 millones de pesos, solamente por arriba de Yucatán (5.9 millones), Campeche (5.82 millones) y Colima con 4.8 millones.

Asimismo, conforme el estudio, suman 513.22 millones en el legislativo del estado de Puebla, nivel inferior a la media nacional de 662.39 millones de pesos.

El IMCO repasó qué en los estados, el Poder Legislativo está compuesto por un Congreso -unicameral- y por un órgano de fiscalización. Los Congresos son organismos representativos compuestos por diputados y diputadas que están encargados de representar a la ciudadanía, emitir y reformar leyes y aprobar los ingresos y presupuestos estatales. Los órganos de fiscalización son las instituciones encargadas de auditar el uso del gasto público, así como recomendar mejoras en la gestión, sancionar a servidores públicos y recuperar recursos públicos.

Alertó que la asimetría en los presupuestos de los Poderes Legislativos plantea un desequilibrio. La Ciudad de México, el Estado de México y Michoacán cuentan con los mayores presupuestos, mientras que Colima, Yucatán y Campeche tienen los más bajos. Esta situación refleja la asimetría en la asignación presupuestal a pesar de cumplir con funciones legislativas similares.

Estimó que estos riesgos afectan la gobernanza, la confianza ciudadana y el desarrollo democrático de las entidades federativas, por lo cual propuso incluir reglas para sancionar a los diputados y funcionarios que no cumplan con la obligación de convocar o presentarse ante el Congreso local. Las leyes estatales contemplan comparecencias obligatorias de funcionarios públicos, pero sin consecuencias reales, por lo que se tienen que establecer sanciones para reforzar la supervisión y la rendición de cuentas efectiva.

Asimismo, crear apartados en las páginas de los Congresos locales en donde se pueda consultar toda la información relativa a la función de control presupuestario, pues, al hacer públicos los informes de finanzas públicas, se genera un mecanismo de control ciudadano sobre el manejo de los recursos. Así, pueden identificarse posibles irregularidades y exigir a los diputados un correcto ejercicio de sus facultades de vigilancia y contrapeso.

Además, asegurar que los informes de las finanzas públicas sean revisados de manera transparente y obligatoria por los diputados. Los diputados deberán ayudarse de los centros de estudios y comisiones para verificar informes y prevenir malos manejos de recursos públicos, además de mejorar los mecanismos para alertar a los órganos de fiscalización para auditorías y sanciones si es necesario.