Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V., propietaria de la marca comercial Telcel, se libró de posibles sanciones económicas aun cuando la autoridad halló elementos para demostrar que la operadora incurrió en prácticas monopólicas relativas.

En 2010, cuatro empresas que hacían parte del grupo de interés económico de Televisa denunciaron que Telcel imponía tarifas muy elevadas a las llamadas telefónicas fijas y móviles provenientes de las redes de terceros operadores y que terminaban en su red, conocidas en la industria de telecomunicaciones como tarifas “off-net”.

Bestphone, Cablemás, Cablevisión y Televisión Internacional, todas empresas de Grupo Televisa, denunciaron formalmente estas prácticas de Telcel y la hoy extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) atendió la denuncia.

Esa autoridad, antecesora de la hoy Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), investigó y halló que Telcel incurrió en una práctica monopólica relativa prevista en la fracción XI del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica del año 2006.

El volumen de usuarios de Telcel y su musculo financiero de entonces, entre otros factores ahora de tipo técnico, permitían a esa compañía ofrecer tarifas de menor costo a las terminaciones de llamadas provenientes de las redes de empresas relacionadas con su matriz América Móvil, como Telmex o Telnor, y establecer otras más elevadas a operadoras de otros grupos económicos, había resuelto la desaparecida CFC.

Pero una década después, el Instittuto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por mandato de una autoridad judicial y con base en el principio jurídico non reformatio in peius, estudió, discutió y resolvió en su resolución P/IFT/040522/307 que no es posible sancionar a Telcel por la comisión de esas prácticas, dado que una autoridad anterior, la extinta CFC, ya había resuelto aceptar los compromisos de Telcel para no afectar a terceros y cerró el proceso desde entonces, por lo que no es posible imponerle hoy una multa económica.