De cada diez pesos en compras públicas cuatro se gastan a través de procedimientos sin competencia, solo en 2021, 41 por ciento del monto total fue adjudicado directamente y cuatro por ciento a través de invitaciones restringidas, arrojó el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En su reporte destaca que las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de nueve mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación, mientras que 29 por ciento  de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas respecto a 2020.

Aunque el Gobierno Federal ha declarado la lucha anticorrupción como una de sus principales banderas, las acciones y resultados para atender un fenómeno complejo han sido insuficientes.

El análisis que monitorea de manera oportuna, efectiva y accesible las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de más de 260 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), refiere que 41 por ciento del monto gastado en compras públicas por el gobierno federal se hizo a través de adjudicaciones directas, proceso que limita la competencia.

A su vez, destaca que el 83 por ciento del monto gastado en compras por Liconsa se asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas).

Además, que las compras públicas del Banco del Bienestar también se caracterizaron por procedimientos sin competencia, ya que el  89 por ciento  del monto contratado se adjudicó directamente.

Destaca que las instituciones federales adjudicaron nueve mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, 35 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma.

Entre las instituciones que gastaron más de tres mil millones de pesos en 2021, el Insabi fue la institución con mayor riesgo. Por otro lado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) fue la institución con el menor puntaje de riesgo con respecto a las 264 instituciones analizadas.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México fue la institución con el mayor retroceso de 2020 a 2021: su riesgo de corrupción aumentó en 48.3 puntos. En contraste, con una disminución de 42 puntos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue la institución con el mayor avance en la medición.
La competencia en las compras públicas del sector energético disminuyó.

En 2020 el Centro Nacional de Control del Gas Natural destinó siete por ciento del monto gastado en compras públicas a procedimientos de excepción, mientras que en 2021 ese porcentaje se incrementó a 50 por ciento.