En el contexto de la discusión de la iniciativa de Reforma Energética, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que la iniciativa generaría obstáculos para el aprovechamiento del T-MEC, ya que genera conflictos con sus disposiciones, afecta el mercado energético regional y a los exportadores de México y, al final del día, resta atractivo al país como alternativa de inversión frente a China.

El estudio concluye que la competitividad de México depende, en parte, de su capacidad para integrarse a un mercado norteamericano que aproveche la alianza del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Indicó que la iniciativa de Reforma Energética tiene implicaciones nocivas en materia de Estado de Derecho en el país, el manejo sustentable de la economía y el cuidado del medio ambiente, así como la ejecución de negocios y actividades productivas.

En tanto que, un elemento fundamental incluido en el T-MEC es la presencia de un mercado energético competitivo.

El IMCO expuso que, capítulos como los de Inversión, Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados, Medio Ambiente o Solución de Controversias entrarían en conflicto con la política energética de México en caso de que la iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Unión.

De esta manera, México corre el riesgo de tener que defender su política energética en paneles internacionales. Estados Unidos y Canadá, al igual que actores privados del sector energético, podrán recurrir a las protecciones que ofrecen tanto el TLCAN como el T-MEC para impugnar la reducción de su participación permitida en el sector, la cual está contemplada en el tratado.

El organismo destaca que México necesita un mercado energético competitivo que busque fortalecer la economía mexicana, y que refrende el compromiso con el Estado de Derecho para detonar mayores niveles de inversión.

Ante ellom propuso incluir a México en carta paralela EUA-Canadá de cooperación en energía, donde se plasman una serie de compromisos en materia de cooperación energética, especialmente referentes a medidas regulatorias y transparencia regulatoria, así como disciplinas relacionadas con el acceso a infraestructura de transmisión y ductos.

Además de invertir en infraestructura energética transfronteriza y en energía e infraestructura logística en América Central y facilitar el desarrollo de nueva capacidad instalada a partir de energías limpias.