Una pérdida neta de entre 119 mil 300 millones de pesos y 205 mil 500 millones de pesos provocará al cierre de este año los subsidios adicionales que el Gobierno federal está otorgando al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), para controlar el precio de las gasolinas y diesel.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el balance sobre las finanzas públicas sería negativo ante el costo de los estímulos fiscales a combustibles, así como la estimación de los ingresos petroleros adicionales por el alza en los precios del petróleo.

En un análisis, el IMCO construyó tres escenarios en los que el precio de la mezcla mexicana de exportación tendría un impacto lineal que llegaría a finales de diciembre de este año, con promedios anuales de 70 dólares por barril en un escenario de bajo impacto, 90 en uno de medio impacto y 110 en uno de alto impacto, respectivamente.

Para cada escenario se estimaron los ingresos petroleros excedentes, así como los estímulos fiscales al IEPS y posteriormente se calculó la diferencia para determinar el balance y las implicaciones en las finanzas públicas del País.

Los resultados obtenidos indican que en el escenario de bajo, los costos fiscales de estímulos al IEPS ascenderían a 124 mil 300 millones de pesos y los ingresos petroleros sumarían cinco mil millones de pesos, con lo que el resultado será de una pérdida de 119 mil 300 millones de pesos.

Mientras que en el escenario alto, los costos fiscales serían de 452 mil 600 millones de pesos y los ingresos excedentes sumarían 247 mil 100 millones de pesos, lo que daría como resultado una pérdida neta de 205 mil 500 millones de pesos.

"Para dimensionar el impacto, en el escenario más bajo el monto es similar al presupuesto que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional para 2022 -poco más de 104 mil millones de pesos-, mientras que el más alto es cercano al presupuesto de las pensiones para personas adultas mayores, que cuenta con 226 mil 500 millones de pesos", advirtió el Imco.

El Instituto aclaró que estas estimaciones y balance se refieren únicamente al impacto sobre las finanzas públicas y no toman en cuenta los costos de oportunidad, es decir, no se considera si tendrían o no un mejor uso alternativo en un destino como la inversión en salud o educación.