El futuro del país está en un momento crucial, ya que existe un costo potencial de hasta 85 mil millones de dólares en indemnizaciones y otros 100 mil millones de dólares en inversiones que no llegarían si se aprueba la reforma eléctrica.

Así lo expuso el centro de análisis México Evalúa, por lo que recomendó rechazar la propuesta. 

A la vez, planteó que se lleven a cabo modificaciones en la generación privada de electricidad tal como lo propone la oposición a la propuesta y la Comisión Federal de Competencia Económica, para que sin modificar la Carta Magna, se recontrate a todos los privados que generan en el país, terminando con el régimen legado y abriendo la posibilidad a asociaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como explicaron en el foro “Reforma energética sí, pero ésta no”.

En ese contexto, si se cancelan los permisos y contratos hoy vigentes, como plantea la propuesta, el gobierno tendrá que pagar entre 44 mil millones de dólares y 85 mil millones de dólares, según estimaciones de analistas, la banca y afectados.

Ana Lilia Moreno, coordinador del programa de Regulación de México Evalúa propuso robustecer al sector, su confiabilidad y legalidad, migrando a todos los contratistas privados a un nuevo régimen mediante subastas de mediano plazo para contratos de entre uno y tres años y se ejecutarían en los próximos tres a seis meses.

De esta manera competirían por obtener un puesto en el despacho lo que actualmente compone el 12 por ciento de la generación que es el autoabasto, así como el 15 por ciento de las compras de la CFE y entre privados al mercado mayorista; 31 por ciento que son los productores independientes de energía, y cuatro poe ciento que es la electricidad que se vende mediante las subastas de largo plazo.

A su vez, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, explicó que mientras el partido en el gobierno se ha esforzado por no moverle ni una coma a la iniciativa presidencial, la oposición ha sido clara y no le dará la mayoría necesaria para que ésta sea aprobada, por lo que todavía es momento de rechazar tanto esta propuesta como mantener la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica en la Corte y no comprometer las finanzas públicas y a las de la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE).