La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, calificó como una medida contraria al libre comercio, el eventual aval del Senado de Estados Unidos para otorgar incentivos fiscales hasta por 12 mil dólares para la producción de vehículos eléctricos en ese país, so pretexto de combatir el cambio climático y la afectación para México y Canadá en el ensamble de automotores.

Descartó que el planteamiento ponga en riesgo el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o se provoque fuga de capitales, pero si habría movimiento de plantas al vecino país.

El Senado de Estados Unidos votaría el 13 de diciembre el tema, que eventualmente impactará a la industria automotriz mexicana que representa cuatro por ciento del PIB, más del 25 por ciento de las exportaciones y un millón de empleos, adujo, al referir que se incrementaría la movilidad de la población de México y Centroamérica hacia el país del Norte.

Planteó se promoverá represalias comerciales, pues, “no se vale que estemos jugando y cuando conviene seamos socios, mientras que cuando no, se aplique por la vía oscura”, al comentar se darían “tiros de precisión” como respuesta a la medida que en 2027 establece que sólo los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos podrán ser elegibles para acceder a cualquiera de los montos del crédito fiscal.

Advirtió además habría presiones migratorias adicionales, por lo cual se detonarán 10 días de actividad para evitar que el Senado de Estados Unidos avale la medida.

En ese contexto, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, comentó que este es un tema que no solamente afecta a México, sino a Canadá y países de la Unión Europea, Corea y Japón, al plantearse un requisito de desempeño, así como condicionamientos en torno a componentes y contenido nacional, incluidas baterías, para que Estados Unidos otorgue incentivos fiscales a consumidores.

En caso de que la propuesta se apruebe el próximo 13 de diciembre y se instrumentaran dichos créditos fiscales por parte de Estados Unidos, México recurrirá a los instrumentos legales a su disposición para hacer valer sus derechos, tanto los previstos por el T-MEC como por la Organización Mundial del Comercio (OMC).