Advierten riesgos por falta de energía en estados manufactureros

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index Nacional) advirtió, que la manufactura en estados como Chihuahua, Querétaro, Baja California y Tamaulipas encara una falta de energía que podría derribar su potencial de crecimiento de avalarse la Reforma Eléctrica, que promueve el gobierno federal. 

“Hay estados donde hay carencia de energía y no podemos seguir creciendo [...] Tenemos otros estados en los que conseguir energía no ha sido sencillo”, destacó Luis Hernández, presidente de Index Nacional, tras su participación en el parlamento abierto sobre la Reforma Eléctrica.

Expuso que esos estados donde hay mayor riesgo de una crisis energética para las manufacturas, se cuentan entre los principales centros de manufactura y exportación del país.

El problema está en la distribución. Aunque la energía exista, no se cuenta con infraestructura suficiente para hacerla llegar a las fábricas, y no hay indicios de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planee invertir pronto en infraestructura de distribución.

Al pronunciarse en contra de la propuesta de Reforma Eléctrica enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expuso que se está a favor del argumento de soberanía energética impulsado por Presidencia, pero rechaza la necesidad de imponer trabas a la inversión privada en el sector.

“Que permitan a la iniciativa privada invertir. El tema que tenemos con CFE es que la inversión que se requiere no la tiene CFE; sería entrar a esquemas en los que se apalancaría más el país”, explicó Luis Hernández.

La IP está dispuesta a invertir en la infraestructura necesaria, añadió, pero las nuevas reglas podrían asfixiar ese entusiasmo y agravar la falta de energía, sobre todo en estados del norte.

Indicño que la postura de los inversionistas ya es de cautela y desilusión. El presidente de Index refirió casos en los que empresarios tanto nacionales como extranjeros se acercan a las autoridades federales para impulsar inversión en infraestructura, recibiendo respuesta entre 12 y 18 meses después de su solicitud.

 

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