Este martes 15 de febrero, a 330 días del cierre y despojo de las instalaciones de la planta Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla en Puebla, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla en coordinación con la Guardia Nacional en respuesta a una orden girada por el Poder Judicial del Estado, desalojaron a integrantes del colectivo Pueblos Unidos.

Las autoridades retomaron el control del sitio, en un operativo conjunto ordenado por el Poder Judicial del Estado.

En ese contexto, la empresa señaló en un comunicado que estará atenta y al pendiente de las determinaciones de las autoridades responsables, “siempre con el compromiso de construir soluciones con base en el diálogo, la transparencia y el respeto al estado de derecho”.

El 22 de marzo de 2021, integrantes del colectivo Pueblos Unidos tomaron las instalaciones de Bonafont como protesta, al afirmar que sobre explotaba el agua de los mantos acuíferos

En su conferencia matutina. el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que el operativo en la planta de la embotelladora de agua Bonafont, fue producto de una diligencia judicial para que la empresa retomara el inmueble.

Hasta el momento no se cuantifican los daños derivados de la parálisis en la planta, aunque se estima entre 110 millones y 132 millones de pesos, tan sólo en términos de logística, al tenerse que movilizar 35 mil garrafones de agua de otras zonas para atender la demanda en Puebla.

Según la vicepresidencia de Asuntos Corporativos de Bonafont, en el caso de la planta de Puebla el suministro se obtiene de un único pozo profundo de más de 150 metros cuya concesión fue otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Bonafont, tiene concesionada la obtención únicamente de 0.9 por ciento del agua del acuífero Valle de Puebla, es decir una mínima parte de este, el único pozo que tenemos en Juan C. Bonilla no impacta mantos acuíferos superficiales de la comunidad, ni de las comunidades aledañas”, dijo en agosto 2021 su vicepresidente, Fabrice Salamanca.